Observaciones críticas al argumentario opositor. El caso del artículo “La visión de lo que pasa en Venezuela, desde el otro lado”

Observaciones críticas a “La visión de lo que pasa en Venezuela, desde el otro lado” (http://www.lacasademitia.es/articulo/politica/la-vision-de-lo-que-pasa-en-venezuela-desde-el-otro-lado-por-koralys/20130418225829017188.html)

Espero que la persona que escribió “La visión de lo que pasa en Venezuela, desde el otro lado” no se tome esta respuesta como algo personal. La política es la política y si te pronuncias en un foro público para defender una tendencia te expones a la crítica. Específcamente, además, su nota es una réplica a una cronología que se subió a esa misma web (www.lacasademitia.es) sobre los hechos de violencia política que comenzaron entre el 15 y 16 de abril de 2013 y que de momento ya han dejado 9 víctimas fatales y decenas de heridos.

En fin, vamos a ir, párrafo a párrafo, echándole un ojo a ver qué pasa:

Las informaciones de lo que está pasando en Venezuela, no deben quedar en las manipuladas que transmiten Telesur, VTV y los demás canales manejados por el Estado, sino que deben contemplar también lo qure transmite Globovisión y lo que aparece en las redes, porque en la cronología que publicó La casa de mi tía  pareciera que la oposición venezolana está conformada por un atajo de locos y malcriados que no nos da la gana de reconocer la “limpia” y “transparente” “victoria” de Maduro.

Me parece que la persona que ha escrito esto no ha captado que la intención de la cronología era dar a conocer hechos que se estaban silenciando o manipulando en la mediática de nuestro querido Reino de España. Se ha hablado de “disturbios” y de “violencia” de manera genérica. Como causados por la casualidad. Así que yo, sinceramente, no me preocuparía en absoluto por la supuesta influencia o “manipulación” que pueda ejercer un canal de televisión estatal (VTV) que se ve solo en Venezuela, o una cadena internacional como Telesur, que solo se puede ver si eres del grupo de privilegiados que todavía está suscrito a canales de pago en este país.

Sin embargo, en Canarias –y en España- los medios de comunicación, públicos y privados, nos han trasladado durante 14 años, con puntualidad y rigor exquisitos, los puntos de vista de Globovisión, El Nacional, El Universal, etc. y su particular percepción de la realidad. En fin, relajación y cero sufrimiento en este punto: que las pocas webs que replican los puntos de vista chavistas, no hacen sino acercarnos un poquitito –no más- a la pluralidad informativa venezolana. Además, estas webs, siendo sinceros, no las lee casi nadie.

En la detallada cronología citada, no veo que esté incluído que el día 11 de abril, día del cierre de campaña, en el acto de cierre de Maduro entre sus simpatizantes hubo muertos, dicen que 6, mientras él continuaba dando su discurso, al mejor estilo de su antecesor, quien ante la tragedia ocurrida en Amuay, no se le ocurrió nada más feliz que decir: “la función debe continuar”.

La intención de la cronología era dar cuenta de los eventos que tenían que ver con la preparación y ejecución de actos violentos, y sobretodo con la siembra de sospechas sobre el sistema electoral, motor de las movilizaciones posteriores. Pero sí, podemos rendir tributo a las dos personas que fallecieron ese día arrolladas por vehículos. También al muchacho que murió de un disparo mientras lanzaba fuegos artificiales durante el cierre de la campaña de Maduro y a las otras tres víctimas, simpatizantes del chavismo, que murieron ese día por arma de fuego. Bueno, hay que decir que una de las víctimas, según la prensa venezolana se encargó de recalcar, había ido al cierre de campaña de Maduro “obligado” y “coaccionado”. Supuestamente. Esto les encanta. Les importa un carajo quién y porqué ha muerto: lo importante es que les de para un titular que pueda “evidenciar” las miserias (reales o imaginarias) del rrrrégimen.

Además, ya se encargaron los medios de comunicación privados de darle la máxima difusión a estos hechos en las jornadas de reflexión. ¡Pero claro! en un escenario ante decenas de miles de personas a lo mejor querías que Maduro estuviese calentando el ambiente; no sé oye, hay que tener un mínimo sentido de la responsabilidad. O bien que en una fantasía delirante, agarrara Maduro el micrófono y proclamara que allí habían muerto unos marditos chavistas por toda la inseguridad que genera la mera presencia de una “turba roja”. Es que los chavistas son así: van provocando para que los maten.

En cuanto a lo de “la función debe continuar”, tal vez no sea la frase más atinada del comandante de ese acto por las víctimas de Amuay. La oposición sí que se encargó de convertir esa tragedia en un show, pero no me voy a meter con eso ahora. Cualquiera que vea el video completo de ese discurso del comandante puede ver con claridad que el uso de la expresión no es en absoluto despreciativo hacia las víctimas; al contrario, la intervención está plagada de frases expresando dolor y reconocimiento. Nuevamente, deseos y realidad chocan. La oposición nunca se ha caracterizado por una gran capacidad para el análisis del discurso. Les encanta un titular que corrobore su particular visión del chavismo y punto. Y como público ansioso, lo compran. Pues nada, aquí se los replico para que lo saquen de contexto: ¡que continúe el show!

Tampoco veo que se indique que el día 15 de abril, antes de haber transcurrido 24 horas desde que se dió el primer boletín oficial de resultados y sin haberse el realizado aún el reconteo de votos solicitado por la oposición (que en un primer momento Maduro, ante las cámaras de Televisión, había estado de acuerdo con realizarlo), la presidenta del Consejo Nacional Electoral (la misma que en actos oficiales ha aparecido con el brazalete tricolor que actualmente identifica a los seguidores del oficialismo) proclamó presidente a Maduro. En ese acto no estuvo presente el rector Díaz, precisamente porque no se había realizado el reconteo solicitado, pero sí estaban presentes la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (la misma que dijo una vez que la separación de poderes no es necesaria porque debilita el poder), la Fiscal General de la República (quien a solicitud de Maduro salió corriendo a abrirle un antejuicio de mérito a Capriles por conspirador) y la Defensora del Puesto, perdón, del Pueblo.

Comentar este párrafo me va a dejar exhausto. Cuántos argumentos torticeros juntos. En primer lugar, ¿qué reconteo ni qué reconteo? Lo que dice la ley es que lo que hay son auditorías. Aquí Capriles se luce con un lenguaje sumamente manipulador, que veo que se comparte, hablando de contar “voto a voto”, como si los resultados de las actas no se hicieran “voto a voto”, sino que los hubiera generado un malvado doctor X desde su cueva secreta.

Además este señor Capriles ¿quién se cree que es? La ley electoral está para cumplirse, no para “consensuarla” y adaptarla a sus gustos y necesidades perentorias. Son las reglas. Eran las mismas para Maduro y que para él. Aquí el único problema está en que el chavismo ganó. De milagro; por poco; pero ganó; como en muchas elecciones presidenciales que han tenido lugar en el mundo; hay ejemplos de elecciones ganadas por menos del 1,5% para dar y regalar; alguno de la propia Venezuela, como del del Rafael Caldera en 1968 con el 29,1% de los votos. Si hubiese ganado Capriles estaríamos tristes, en shock y, visto lo visto, algunos huyendo del país. Después de lo ocurrido el 15 y 16, ya no lo dudo. El primer instinto de la oposición ha sido la agresividad: si hubieran ganado, el acoso a funcionarios, instituciones del Estado y comunidades organizadas hubiese sido antológico. Hubieran acudido en masa a “defender”, a “regenerar” y a limpiar todita esa morralla roja que “les rodea”.

En fin, y qué decir de la señora Lucena, que ocupando un papel institucional y representando a uno de los poderes del Estado, es acusada de lucir un bracelete por en el fallecimiento del Presidente de la República. Eso no le convierte en nada. Pero a ustedes les da igual. En sus sueños delirantes la señora Lucena es en realidad la gemela fea del comandante Chávez. Es que no tienen remedio. No hay nada racional ni sustentado en pruebas. Y respecto a la división de poderes, no voy a ser yo quien defienda que el concepto deba revisarse para que no se socabe el ejercicio de la soberanía popular pero ¿están de broma? ¿Qué piensan que ocurre en España y en la mayoría de países de Europa con el poder judicial? ¿De verdad se creen que son el único país con politización en sus magistraturas?

Además, admitámoslo, fruto de la idiotez que supuso retirarse de las elecciones parlamentarias de 2005, el chavismo avanzó muchísimo en la configuración de poderes públicos que requieren de la aprobación de una mayoría cualificada de la Asamblea Nacional –incluidos los altos órganos judiciales. Es su propia maldición. No se quejen. Ese problema se lo generaron ustedes mismos.

Finalmente (porque este párrafo era agotador) aprovecho para mencionar, así como de soslayo, que el rector del CNE Vicente Díaz, único rector que se vincula abiertamente a una opción política (en este caso, a la oposición), ha dicho que el boletín de resultados emitido por el CNE es 100% confiable. Les repito, porque esta parte no la suelen querer oír: ¡100% confiable! Pero nada, este es un ligero detalle que ¡qué importa!. Ahora lo que fundamental es que “el flaquito” les ha pedido que salgan con las cacerolas. Lo verdaderamente importante es cumplir los deseos de ese niñito burgués que estremece el país y desata la locura cada vez que encolerizado afirma que se ha manipulado la decisión de los electores ¡Ay, mi flaquito lindo!

Igualmente  informo que el día 15 lo que pidió Capriles fue que el día 16 acudiéramos pacíficamente (utilizó esas palabras, lo puedes comprobar en las grabaciones o en la página de globovisión) a las sedes regionales del CNE, para solicitar formalmente el conteo de los votos.

¡No! ¿en serio? ¿No dijo “¡¡vayamos a por todos esos marditos!!”? ¡Cónchale! Yo juraría que lo había escuchado en VTV.

Vamos a ver. Seamos serios. Si ese señor dice otra cosa, en estos momentos, estaría preso. Con un pijamita de rallas. No nos tomen por imbéciles. Este señor sabe perfectamente qué mensaje da y qué está queriendo decir cuando usa un lenguaje inflamado, cuando dice que la elección ha sido un robo (y lo dice de una forma que debe de estar convencidísimo de que ganó; se ve que tiene unas exit-polls malísimas). Es una cuestión de responsabilidad. Usar expresiones como “descargar la arrechera”, etc. Es un irresponsable por hacerlo.

Asímismo, solicitó que se suspendiera la proclamación de Maduro. ( http://www.dailymotion.com/video/xz1bmb_capriles-cne-debe-suspender-el-acto-de-proclamacion-y-contar-voto-a-voto-para-tener-un-ganador_news?ralg=ext.behavior-only#from=embediframe-playreloff-2 ) La solicitud de Capriles de que descargáramos nuestra arrechera, que hizo el 15 en la noche, fue referida a darle a las cacerolas. En ningún momento sugirió que la descarga de rabia fuera contra personas o instalaciones, como se desprende de la tendenciosa cronología que citas.

Idem. ¡Sí claro! Tibisay Lucena sale y anuncia al país: “suspendemos la proclamación de Maduro como Presidente electo, que es lo que dice la ley, porque ese niño taaaan lindo y rebonito nos lo ha pedido con esa sonrisa que no nos hemos podido resistir”.  De verdad ¿este señor no se para un momento a pensar, así como un segundo, antes de lanzar por esa boca? Los procedimientos deben seguir su curso normal.

Pero no nos engañemos. El señor Capriles aseguró que si el “conteo manual” que él pide da como ganador a Maduro, él reconocerá el resultado. De todas las mentiras que ha dicho hasta ahora, esa es la más grande. Él nunca lo admitirá. Lo sabemos. ¿Cómo va admitir que metió al país en un trance violento por “una corazonada”? Él se aferrará siempre a su “victoria robada”. Ya conocemos el guión. Nunca admitieron la derrota de 2004, de la cual todavía esperamos ver algún día las anunciadas y cacareadas “pruebas del fraude”. Y lo mismo (cantar fraude) planificaron hacer en 2006 y, también, en 2012 (solo que en estos dos casos el comandante les dio una paliza en votos bien fea).

No veo que se indique allí que el día 16 se tuvo que suspender la marcha opositora convocada para entregar al CNE los recaudos que respaldan la solicitud de auditoría de la elección, porque durante el cacerolazo de la noche del 15, en el que la gente salió a las calles, y en las marchas a las sedes del CNE en la mañana del día 16, se produjeron muchos altercados tanto con motorizados afectos al gobierno, como con la guardia nacional, en los que la oposición fue inmisericordemente perdigoneada por esta última la cual, incluso, sacó las tanquetas en Caracas para reprimir las marchas (hay fotos en las redes de las tanquetas, tanto en la autopista, a la altura de Altamira, como en la Avenida Libertador, a la altura de Maripérez. También las hay de las víctimas de los perdigones, pero si no consigues, te puedo mandar varias, incluyendo las de un amigo mío a quien le dispararon a quemarropa en Barquisimeto).

Además, Nicolás Maduro, en un acto que demuestra su talante “democrático” prohibió la marcha de la oposición en Caracas y acto seguido convocó una del oficialismo, para apoyarlo a él durante el acto de juramentación írrito que se llevará a cabo este viernes 19.

El día 15 fue un día nefasto, cagado, lleno de irresponsabilidades y de violencia. ¡Y todavía querían marchar contra el CNE! Pero ustedes están loquitos de verdad. ¿Contra el poder electoral iban a marchar ese mismo día? Mira mira. Esto es hasta difícil de leer sin indignarse. O sea, me parece que han perdido el juicio. ¿Qué querían? ¿A una muchedumbre opositora furiosa cercando y asaltando al CNE… ¡sin ningún tipo de prueba!? ¿Más muertos? ¿De verdad piensan que iban a poder poner impunemente en marcha todo ese plancito golpista? Mira, casi prefiero que hubiesen intentado marchar hacia Miraflores. Lo que pasa que hacia allá, a lo mejor, no les acompaña tanta gente. Mucha memoria no tienen, pero idiotas completos no son todavía ¿verdad?

Además me parece que se han olvidado lo que es reprimir una marcha pacífica. Dense un paseíto por España para que vean como se abren cabezas una tras otra en marchas de verdad pacíficas. A toda esa turba de locos que se pone a cortar autopistas, quemar y destruir cosas en plena explosión de odio y asaltos había que cortarles el paso. Y menos mal. Corta tú la M-30 en Madrid con cauchos ardiendo y tírale piedras a la policía para que veas lo que te pasa a ti y a tu tropa.

De todo esto no veo ninguna información en esa detallada cronología. Pareciera que la oposición está llena de malvados, locos y malcriados a quienes no nos asiste razón alguna, y que ellos son unos angelitos. Pero recuerdo que quienes tienen las armas y las milicias urbanas, son ellos, no nosotros.

Sí, en eso coincido. Qué horror esas “milicias chavistas”. Las mismas que salieron a matar gente en cuanto se perdió el referéndum de 2007, o cada vez que el chavismo pierde alcaldías o gobernaciones. Lo he visto mil veces: salen unas “milicias” horribles del 23 de enero y no sé muy bien de dónde más, pero salen, y ellos solos ponen al país de rodillas. Oye, en serio, los cuentecitos de las milicias-del-terror ya saben a viejo, les están oliendo a descomposición. ¿Hablamos de armas de fuego? ¿Ajá? ¿cuántos y qué tipo de ciudadanos tienen ahora mismo armas de fuego en su poder? Ustedes de eso no saben nada ¿verdad? ¿Cuántas armas ligeras circulan por el país? ¿Saben de qué países provienen mayoritariamente? ¿Quién está intentando limitar su acceso y promover el desarme? ¿Quién ha retirado ya de la circulación más de 300.000 de estas armas?

En cuanto a los supuestos incendios de los CDI, debo informarte que los propios vecinos han hecho circular fotos en las que se muestra que estos centros están intactos. Con respecto a las fotos de la quema de papeletas que circuló, ya se aclaró que se trata de la quema de material electoral correspondiente a una elección anterior. Lo que no se ha aclarado es el montón de fotos y vídeos que hay, tomadas en distintos lugares del país, en las que se ven vehículos privados transportando urnas electorales, así como una cantidad de urnas con papeletas de esta última elección, que supuestamente encontraron tiradas en una cuneta en la Troncal 5 de Barinas.

No sé de dónde sale lo de los incendios. En la cronología aludida no se menciona ningún incendio en CDIs. Sí que se mencionan incendios en sedes del PSUV y vehículos. La mayoría provocadas por molotov. Lo único que se reporta en CDIs es un molotov en Piedra Azul (Baruta) lanzado contra el área de rehabilitación. Claro que no prendió el edificio (entonces el reporte hubiera sido otro), pero ¿existió ese molotov? Bueno, si no es verdad, pues nada, oye, que se diga. Por mi se pueden dedicar a sacar las fotos que quieran de todos los CDIs que no han quemado del país. Así se repasan la obra de Chávez.

Lo que se reporta en esa cronología sobre los CDIs son casos de asalto, agresión a personal sanitario y búsqueda desesperada de “cajas con votos”. Esta última parte –¡gracias a Bocaranda!- es muy demente: hay que estar pero muy loco para pensar que los cubanos esconderían las cajas de votos “fraudulentos” en los CDIs. En realidad, las tenemos guardadas en piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Además, oye, si la persona que escribe afirma no tener nada que con grupos violentos ¿Por qué anda defendiendo y justificando a los asaltadores de CDIs? ¿Que no quemaron las instalaciones (habrá que darles las gracias ¿no?) y que las fotos dicen que se portaron bien? Enhorabuena. Estupendo. Feliciten a los chicos de nuestra parte. Les ha pasado como al propio Capriles, cuando el miércoles, mientras negaba que los suyos tuvieran nada que ver con la violencia prendida por todo el país, al tiempo les pedía “recogerse en sus casas” y mantener la calma. Todo un reconocimiento implícito de culpabilidad. Si los tuyos no son violentos, no hace falta que les digas que se recojan y se calmen. Pero lo más cómico ha sido cuando Capriles afirmó esta semana que el gobierno “se autohacía” cosas. Es decir, que el gobierno estaría detrás de esos asaltos y ataques violentos a instituciones, televisoras comunitarias, etc. Eso significa que dentro de unos meses podremos ver alguna entrevista en exclusiva a algún malandro de esos a los que el gobierno pagó para destruir sus instalaciones. Porque, digo yo, por una entrevista con un tipo que confiese que Diosdado Cabello le pagó para asaltar una sede del PSUV ¿cuánto no pagaría Globovisión? Un realero ¿o no?

Me parece muy lamentable y tendencioso que en esa detallada cronología no se incluyan hechos sumamente graves como el ocurrido el día 16 de abril, en la Asamblea Nacional, cuando el presidente de la misma, violando el Reglamento Interno de Debates y los principios más elementales de la democracia, decidió negarle el derecho de palabra a todos los diputados de la oposición si no reconocían públicamente a Maduro como presidente, a pesar de que no se ha realizado la auditoría solicitada ( aquí tienen una versión sin editar de ANTV http://www.youtube.com/watch?v=qJp6v0OsAiU) (ésta es una versión de Globovisión que incluye las normas y otros datos interesantes http://globovision.com/articulo/caso-de-investigacion-conozca-las-atribuciones-del-presidente-de-la-asamblea-nacional-diosdado-cabello ).

Bueno, el señor Cabello interpretó que podía privar del uso de la palabra en la asamblea, en ese día puntual, a una bancada que se presenta desconociendo completamente la legalidad electoral y tratando de meter al país en un estado de shock. Bueno, que reclamen. Hagan valer los derechos que les asisten. Vayan donde quieran y expongan esta horrible vulneración. Pero miren, la realidad es que los días 15 y 16 de abril la oposición le echó un pulso a la legalidad y a la constitución. Pasaron de corderos a lobos en cuestión de horas. Se comportaron, otra vez, como lo que son:  los mismos golpistas de siempre.

Por cierto, diré que los diputados de la oposición son minoría a pesar de haber sacado el 52% de los votos en la elección correspondiente, porque durante el gobierno del difunto, si mal no recuerdo mediante ley habilitante, se modificó la ley electoral de modo tal que la cantidad de diputados no es expresión directa de los votos obtenidos.

Este párrafo tal vez sea fruto del desconocimiento. Los sistemas de elección parlamentaria llamados “proporcionales” intentan equilibrar el porcentaje de escaños con el de votos. Casi nunca lo consiguen. Véase el caso de España. Pero vamos, ese nunca ha sido el tipo de sistema para elegir a los parlamentarios en Venezuela. En Venezuela, para ser parlamentario hay que ganar en un circuito. Y si no ganas no eres diputado. Al final tiene más diputados el partido que gana en más circuitos ¿No fue eso lo que pasó? ¿No ganó el chavismo más diputados en los circuitos? Además, este tipo de sistemas tiene un efecto sobre el voto: que en las llamadas “zonas seguras” los electores se movilizan menos y hay más abstención porque ¿para qué vas a ir a votar si tu candidato en tu circuito es victoria o derrota segura? Claro que depende de la zona. En Zulia por ejemplo el chavismo sacó un chorro de votos que apenas le sirvió nada, porque los diputados se los llevó casi toditos la oposición. Pero vamos, ni de lejos es el caso de Reino Unido donde hace muy poco (en 2005) los laboristas de Tony Blair se sacaron una mayoría absoluta de escaños con apenas ¡el 35% de los votos! Además ¡qué manía con que ustedes sacaron el 52% en esa elección! ¿Ustedes no saben sumar? Sacaron el 47,2% y el chavismo el 48,1%. Y sus votos, sumados a los del PPT (siendo generosos) alcanzaron el 50,4%. Pero claro, a ustedes unas décimas de más o de menos, parece que les da igual. Ustedes los opositores, con las elecciones, viven instalados en el principio de indeterminación de Heisenberg.

En realidad no tengo que explicar mucho en qué consiste eso, porque es exactamente el mismo procedimiento que consideran muy injusto para el electorado canario, pero que parece que si es aplicado en otro lado por alguien que dice ser de izquierda, está bien.

No, a mi no me gusta. Pero no tiene nada que ver con el sistema electoral de Canarias. Para empezar porque el sistema canario pretende ser un sistema de representación proporcional, pero usa unas barreras legales que se emplean realmente como factor de exclusión. Pero, lo que a lo mejor no sabes, es que en Canarias el peso de un elector puede ser hasta 16 veces mayor que el de otro dependiendo de en qué isla viva ¿pasa eso en las parlamentarias venezolanas? ¿Vale el voto de un residente en Guárico 16 veces más que el de otro ciudadano que vive en el Distrito Capital?

Ese mismo día, 16 de abril, el diputado de la oposición William Dávila fué herido dentro del Hemiciclo por algún parlamentario oficialista que, evidentemente, no tiene claro que el parlamento se llama así porque es un lugar para parlamentar… esto tampoco lo veo reseñado en las crónicas que citas.

Muy lamentable. Estoy de acuerdo. Estos días he visto tan poca televisión española –para no enfermarme- que tardé unos días en enterarme.

En fin, podría seguir citando hechos, pero la verdad es que tengo otras cosas que hacer y el propósito de esta larga respuesta es que demostrar que las cosas no son como las pintan. Entiendo que las personas comprometidas con la izquierda y, sobre todo teniendo en tus narices una derecha tan nauseabunda como lo es la derecha española, le hayan comprado a Chávez su revolución; yo también lo hubiera hecho si no supiera qué es lo que pasa en Venezuela.

Aquí nadie ha comprado nada. Me parece una percepción equivocada. Aquí ha costado muchísimos años (y con un ajuste neoliberal de por medio)  convencer a parte (solo a parte) de la izquierda radical de España y Canarias de que Chávez no era ese tipo medio criminal y liberticida que nos llevan 14 años diciendo que es. El Presidente de tu país: degradado y humillado cotidianamente por medios de comunicación de más de medio mundo. Eso es lo que hay, lo que predomina, lo que hemos vivido realmente.

Pero, como me dijo en estos día mi hijo de 15 años, el problema no son las ideas, sino cómo las implementan.

 No dudo que dentro de este inmenso grupo de venezolanos que nos oponemos a este régimen hayan personas de derecha, pero la realidad es que la mayoría no lo somos. Tampoco son de izquierda todos los que están apoyando al régimen. Lo que está ocurriendo en Venezuela no es una lucha de la izquierda contra la derecha, ni siquiera una lucha de clases, lo que está ocurriendo es una lucha entre mantener el estado de derecho y la democracia verdadera y el totalitarismo disfrazado de izquierda que nos quieren imponer.

¡Ay, esa vieja historia de “no somos ni de derechas ni de izquierdas”! precisamente en Europa ha hecho taaaaanto daño. Ojalá se junten un día todos los políticos tecnócratas del mundo que usan esos mismos argumentos, con la gente que piensa así también, para que puedan vivir felices para siempre en su sociedad perfecta.

No es tan extraño. La mayoría de personas que se oponen al chavismo no se “auto-definen” como de derechas. Eso no quiere decir que muchos no lo sean. Pero lo peor es que hay otros que, además, son fascistas. Yo no creo que la persona que escribió el citado texto sea fascista, pero por su argumentación sí que estoy convencido de que es de derechas. Yo entiendo que no le guste identificarte con esa etiqueta, “de derechas”: es fea y tiene mala fama. Por supuesto, es mi opinión; que se defina como le plazca.

Por cierto, la ”verdadera democracia” es el autogobierno popular a través de asambleas. Eso es lo que nos enseñaron los griegos. Lo que tenemos actualmente se llama “régimen republicano” o “representativo”. Tiene poco que ver con la democracia pero al final se lo ha terminado denominando “democracia representativa”. Por su parte, la “democracia verdadera” es un ideal a alcanzar. A mi se me parece más al modelo social y político de la constitución bolivariana de 1999 que a los proyectos que la oposición ha defendido estos 14 años y a su resistencia a la llamada “democracia participativa”.

De todos modos, hemos dejado fuera lo más interesante ¿Y los argumentos del fraude? ¿Lo del millón y pico de electores afectados por los puntos rojos? En serio, por favor, que alguien escriba y nos abra los ojos sobre este tema. Que por un momento estos marditos chavistas me estaban haciendo dudar de lo que leía en El País y veía en Televisión Española. Que alguien escriba algo sobre eso, por favor, que nos vamos a reir un rato. Porque sinceramente, viendo a Capriles esta semana argumentar la tesis del fraude, dan ganas de exigir un inmediato reconteo de sus neuronas.

Para terminar, quiero decir que sí que creo que puede haber gente en la oposición que aporte y que tenga razones políticas sustantivas en variados elementos. Incluso uno ve que de vez en cuando aparece gente militante opositora que hace algunas críticas serias. Pero de verdad, se merecen otra dirigencia. Y búsquense otro plan. Y sobretodo, revísense a sí mismos. Porque no puede ser que unos vayan con la “rama de olivo” y otros vayan delirando y locos de odio. Hasta que no se produzca de verdad un cambio cultural real en los sectores opositores, se acepte y reconozca de verdad y con sinceridad la política social y económica realizada –repito, con sinceridad, no cosméticamente- y la independencia política alcanzada, mejor que no vuelvan al poder. Por el bien de todos. De sí mismos y del de los chavistas.

Si yo fuera opositor ahora mismo estaría muy procupado. En lugar de aprovechar y no dilapidar el crédito político que dan 7,2 millones de votos, lo tiran todo por la borda haciendo el bruto. Si aportaran en positivo, tal vez, tendríamos un debate bien distinto para 2016 o 2019. Pero, en el momento actual, no son capaces ni de mantener la paz.

Definitivamente esta semana ha evidenciado que el país está más estable y tendrá más oportunidades con Maduro en la Presidencia, al que aprovecho para desearle lo mejor del mundo y que coseche los mayores éxitos posibles para su/vuestro país.

Amnistía Internacional y el caso Venezuela.

Versión para imprimir

https://procesovenezolano.files.wordpress.com/2014/04/amnistc3ada-y-el-caso-venezuela.pdf

Amnistía Internacional presentó el 1 de abril de 2014 el informe titulado Venezuela: los derechos humanos en riesgo en medio de protestas[1]. Hasta ahí todo normal.

Ingenuamente esperaba encontrar lo siguiente: una cantidad indeterminada de denuncias, un análisis de las mismas, una contextualización y, finalmente, afiladas críticas dirigidas a los poderes públicos. Sobretodo esto último. Al fin y al cabo, el gobierno y el sistema judicial-penal son los responsables de salvaguardar el estado de derecho. De hecho, como bien sabemos, sus acciones y omisiones pueden tener consecuencias fatales para los derechos humanos. Así que, una vez mentalizado, me pongo manos a la obra.

Lo abro, comienzo la lectura y, de repente, no me puedo creer lo que estoy leyendo. Llego hasta el final, vuelvo a la portada, reviso los créditos hasta que al final me doy cuenta de lo que pasa. El informe de Amnistía va en otra dirección. Es más –y cuidado con lo que voy a decir- el texto en sí es un ejercicio de instrumentalización del discurso sobre los derechos humanos. Un empeño deliberado para proteger del escrutinio público al bando que está impulsando la crisis de violencia que atraviesa Venezuela.

Algo inaudito –y doloroso- para los que alguna vez hemos confiado en las denuncias e informaciones de Amnistía. Así que no me queda más remedio: resulta necesario explicitar con detalle en qué consiste esta triste operación “político-humanitaria” acometida por la insigne organización.

Lo haré revisando 3 elementos del informe: qué dice, qué oculta y qué subyace en el texto. Antes de nada pido disculpas por lo extenso de la exposición. Entiéndase que hay ideas que no se pueden resolver ni en una entrada de blog, ni en una columna de opinión de 500 palabras.

 

1) Lo que no dice:

El informe se aventura en un diagnóstico de la situación: de sus causas, protagonistas y perspectivas de futuro. En general, las afirmaciones están respaldadas. Se han recogido diversos testimonios. Se ha analizado el discurso de varios actores políticos y sociales. Está documentado. Llama la atención la pluralidad de fuentes y su afinada selección.

Por eso, resultan particularmente inverosímiles las omisiones, algunas muy llamativas. Se sustrae continuamente al lector de elementos clave que ayudan a entender el fenómeno: no mencionándolos, desviando la atención hacia detalles irrelevantes, hacia eventos poco representativos u omitiendo evidentes vínculos causales. Valga el símil, es como si Amnistía hubiese explicado la crisis económica española sin mentar la burbuja inmobiliaria.

Repasemos brevemente las omisiones más graves:

a) Sobre el origen de la violencia.

A nadie se le escapa que uno de los principales desencadenantes –si no el más importante- de esta oleada de violencia son los decepcionantes resultados electorales cosechados por los sectores que se oponen al Presidente Maduro en las pasadas elecciones municipales de diciembre de 2013.

Tras el sonoro fracaso en la vía electoral, el pasado 23 de enero, los dirigentes derechistas Leopoldo López y María Corina Machado llamaron a sus partidarios a la lucha en las calles. La operación política, que denominaron “La Salida”, se sostendría hasta que fuera depuesto el gobierno constitucional y tendría su máxima expresión en la movilización del 12F, día en que empiezan a registrarse los primeros fallecidos[2].

Este es el objetivo político de las “protestas”: una mezcla de movilizaciones –algunas pacíficas y multitudinarias- y numerosísimos actos de violencia, englobados bajo el lema “El que se cansa pierde” y al grito –que el 12F resonaba electrizante- de “este gobierno va a caer”. En definitiva, una operación encabezada por una minoría electoral que pretendía liquidar el mandato presidencial de Maduro por vías diferentes a las previstas en el orden constitucional. Apenas un detalle que el informe de Amnistía prefiere omitir.

 

b) Sobre los grupos políticos que promueven y protagonizan la violencia.

El papel de políticos de oposición, concretos e identificables, en la puesta en marcha, organización y sostenimiento de esta oleada también es evadido cuidadosamente[3].

Su implicación es evidente. Tan es así que no tardaron en abrirse diatribas públicas entre los opositores que apoyaban la estrategia radical de López y Machado, y aquellos que la rechazaban como un error que podría tener consecuencias nefastas para la oposición en futuras confrontaciones electorales.

Algunos dirigentes opositores –afortunadamente solo unos pocos- han resultado incriminados y procesados judicialmente por delitos cometidos durante las protestas. El informe de AI omite cualquier conexión; así que las actuaciones de la Fiscalía encausando a estas personas aparecen como meros actos irracionales y vengativos dirigidos por el gobierno en su supuesto afán por limitar el pluralismo político.

 

c) Sobre los actos de violencia propiamente dichos.

El elemento central y más delicado del informe lo constituyen las denuncias concretas. Aquí es donde uno espera encontrar una radiografía de la crisis, así como casos y testimonios que sean representativos de la situación.

No cabe duda de que durante estos eventos de violencia han resultado vulnerados los derechos humanos de numerosas personas. Tampoco cabe duda de que muchas de las denuncias presentadas están siendo abordadas con celeridad por parte de la Fiscalía y la Defensoría y que están teniendo consecuencias jurídicas y penales para sus presuntos autores. Es muy posible que otros delitos estén quedando impunes. Aquí es donde la contribución de Amnistía podría ser influyente: mediante la exigencia de medidas preventivas y el procesamiento de responsables; apoyando denuncias no formalizadas, visibilizando casos no atendidos y circunstancias donde los denunciantes puedan verse atemorizados.

En algunos casos el informe cumple con este propósito. Sin embargo, el análisis que se hace de la violencia está jalonado por una cuidadosa selección de denuncias y, como veremos más adelante, por groseras tergiversaciones de los hechos, que denotan mala praxis.

El ejemplo más oneroso es el de las “guarimbas”. No se caracteriza en ningún momento este fenómeno, protagonista en las revueltas. Las llamadas “guarimbas” consisten en la colocación de barricadas en un diseminado de calles o vecindario, incendiando cauchos, muebles y colocando cualquier otro material que logre obstaculizar el tránsito, como cables, alambres de púas o aceite quemado. El objeto de la guarimba consiste en imposibilitar las actividades cotidianas de la población hasta lograr “paralizar el país”. Esto implica que los vecinos residentes en las urbanizaciones afectadas a duras penas puedan salir de las mismas. El grupo radicalizado que controla la barricada se convierte en una especie de “autoridad de facto”. El que se opone a la barricada o intenta sobrepasarla es agraviado y coaccionado. Se consolida en la zona dominada por la guarimba un clima de persecución, con agresiones y amenazas a las personas que son identificadas como “chavistas” y que residen en su área de influencia. El entorno de la guarimba se ve afectado por recurrentes ataques a oficinas gubernamentales, instalaciones sanitarias y educativas, quema de autobuses y destrozos de todo tipo de bienes públicos y privados en general[4]. A la barricada hay que sumar el levantamiento de alcantarillas y la colocación de guayas –cables de acero atravesados en las vías con la finalidad de generar lesiones fatales a las personas que se circulan en motocicletas.

Las guarimbas se han organizado en los enclaves opositores de las grandes ciudades –fundamentalmente en zonas residenciales de clase media. Constituyen focos permanentes o cuasi permanentes de conflictividad. Si multiplicamos el total de barricadas levantadas –sin duda varios centenares o incluso más- por cada uno de los días que ha durado la protesta, tendremos como resultado miles de escenarios de potencial enfrentamiento entre “guarimberos” y fuerzas policiales.

Estos escenarios de enfrentamiento, en un país donde los civiles poseen entre 9 y 15 millones de armas de fuego irregulares[5], tienen sin duda un alto potencial explosivo. Cada vez que las autoridades intentaban reestablecer el libre tránsito y liberar a los residentes del encierro al que eran sometidos, se produjeron enfrentamientos de mayor o menor entidad. En buena parte de estos encuentros, los agentes eran recibidos con molotov y disparos.

El informe omite explicitar en qué consiste el fenómeno guarimbero. Menciona, obviamente, “bloqueos de vías” y en menor medida la presencia de “barricadas”. Desde luego no les da en absoluto el protagonismo que merecen en esta crisis. Resultan poco relevantes: descarga de responsabilidad a sus organizadores y, por supuesto, entre sus recomendaciones no incluye el cese de este tipo de actividades. Algo inaudito si tenemos en cuenta que la mayoría de fallecimientos se han producido en las guarimbas –al menos 17 de un total de 39, hasta donde sabemos. El elemento principal de las protestas –pues las manifestaciones han tenido un carácter más esporádico y, en su mayoría, menos conflictivo- termina groseramente opacado.

Por otra parte, se omite el papel de los medios y las redes sociales en la crisis. Por ejemplo, la difusión masiva de denuncias falsas de violaciones de los derechos humanos. Tanto en medios de comunicación como en redes sociales, se han difundido multitud de imágenes con escenas de violencia y torturas que ni siquiera correspondían a Venezuela. Duras imágenes, sacadas de otros países, que han impactado gravemente a la población. Una operación psicológica de gran envergadura que no hemos visto ni en las revueltas de la “primavera árabe” ni en otros eventos similares.

Este afán por visibilizar violaciones de los derechos humanos –algunas reales y otras imaginadas- deja en evidencia que, en esta crisis, los organizadores de las protestas esperaban obtener rédito político mediante su instrumentalización. De hecho, los medios se hicieron eco de un gran número de personas torturadas o maltratadas que, posteriormente, decayeron, pues carecían de base real.

Finalmente, los medios de comunicación pusieron en riesgo los derechos humanos reiterando la advertencia de que oleadas de chavistas –los denominados “colectivos”- estarían en disposición de enfrentar las guarimbas con armas de fuego. Y aunque eventos puntuales de este tipo sí se produjeron, la difusión continua de este mensaje conllevaba un claro implícito dirigido a los guarimberos: “los chavistas vienen armados y van a matarte”. Esta reiteración infundada ha potenciado la actitud reactiva de los guarimberos, incentivando el porte de armamento, así como una disposición mayor al empleo de la violencia para rechazar cualquier tipo de afrenta, real o imaginaria, y que, en algunos casos, ha terminado por costarle la vida a varias de las personas que intentaban levantar las barricadas.

 

d) Sobre las medidas del gobierno para enfrentar a la violencia.

En comparación con lo que ocurre en otras latitudes, podemos decir que la Fiscalía venezolana ha tenido una conducta diligente desde el comienzo de los altercados, investigando y procesando denuncias –tanto las presentadas formalmente, como algunas de las reveladas a través de los medios de comunicación- y, en aquellos casos excepcionales en los cuales se ha explicitado la responsabilidad de funcionarios de orden público, éstos han sido puestos con celeridad a la orden de la justicia. Por supuesto, uno no puede darse nunca por satisfecho en este aspecto: es necesario mejorar los mecanismos preventivos y afinar la represión de los delitos cometidos por funcionarios contra personas bajo su custodia.

En este particular, habría que hacer notar la escasa confiabilidad de buena parte de los efectivos policiales. En 2009 el ministerio del interior revelaba que hasta en el 20% de los delitos más graves cometidos en el país –homicidios y secuestros- se encontraban implicados funcionarios policiales[6]. Precisamente en 2009, como respuesta a esta situación y como parte de los planes de reforma policial, el gobierno crea un cuerpo nuevo, la Policía Nacional Bolivariana, que desde su origen ha procurado una mejora sustancial en la capacitación de sus integrantes, dando un protagonismo muy destacable a su formación en materia de derechos humanos.

Aun así, en una situación como la planteada por las guarimbas, no es difícil imaginar a cualquier cuerpo policial de los países occidentales desbordado por estos centenares de focos continuados de violencia. En realidad, el número de incidentes graves en relación al total de operaciones de orden público, posiblemente ha sido bajo. Tomemos el ejemplo de la policía de España, que ha intervenido de manera absolutamente despiadada ante protestas pacíficas ¿Cómo hubiese reaccionado ante más de 50 días de barricadas violentas protagonizadas por personas provistas de cócteles molotov y armas de fuego?

Ello no obsta para que se castiguen las malas prácticas y las acciones delictivas de manera ejemplar. Se debe exigir –y en buena medida se está cumpliendo- una reacción implacable y transparente por parte de los poderes públicos ante las denuncias presentadas, así como un extraordinario celo de los mandos en la dirección de los operativos y en las instrucciones que dan a su personal.

Sin embargo, el informe prefiere centrarse en declaraciones singulares y, en algunos casos, desafortunadas de portavoces gubernamentales, silenciando de manera notable los esfuerzos del gobierno por contener la violencia de forma efectiva, así como abriendo espacios de diálogo con todo tipo de sectores críticos con su gestión.

Por ejemplo, el pasado 26 de febrero se instaló la Conferencia Nacional de Paz. El país asistió a un diálogo televisado entre el gobieno, representantes de signo político adverso, sectores empresariales y otros destacados actores de la vida social. La participación de las figuras más relevantes de oposición fue limitada –por ejemplo, no acudió Henrique Capriles Radonski- por razones de cálculo político y, cómo no, por las presiones de los grupos más radicales. El foro dedicado al diálogo con representantes empresariales, por ejemplo, concluyó más de medio centenar de acuerdos que están empezando a aplicarse. La iniciativa, además, se ha trasladado a varios estados (Táchira, Carabobo, Zulia, Anzoátegui, Mérida o Distrito Capital).

También desde etapas muy tempranas el gobierno solicitó la creación de una Comisión de la Verdad, con amplia participación, que contribuyera al esclarecimiento de los hechos violentos. Esta iniciativa también ha sido boicoteada por los sectores influyentes de la oposición. Una oposición dividida en cuanto a su grado de apoyo a la estrategia violenta, pero unida a la hora de no arrojar piedras sobre su propio tejado.

En general, las iniciativas de los poderes públicos han denotado una actitud receptiva tanto a las críticas como a las denuncias. En situaciones de este tipo, pocos han sido los gobienos que han adoptado estrategias de diálogo y de búsqueda de acuerdos con sus antagonistas políticos, como ha hecho el gobierno bolivariano.

 

2) Lo que dice:

Si graves han sido las omisiones, más graves son algunas de las afirmaciones que contiene el infome. Aquí es donde la selección de hechos, así como el lenguaje utilizado, denotan esa mala praxis de la que hablamos anteriormente.

a) Sobre el origen de la violencia.

En un primer momento, parece que va a soslayarse la cuestión del origen de las revueltas, cuando se afirma que:

“Amnistía Internacional pudo evidenciar la dificultad de identificar responsabilidades en un contexto de polarización política y social como el que vive el país.”

Sin embargo, tan pronto dice esto, el informe se aventura a conjeturar sobre su origen y presenta su particular cronología de las protestas. Por un lado, tenemos un relato de los hechos que omite cualquier alusión a “La salida”, al sentido de la movilización del 12F y, en general, a los sectores que realmente impulsaron la confrontación violenta:

“El pasado 4 de febrero en San Cristóbal, estado Táchira, (…) cinco personas fueron detenidas, acusadas de haber participado en actos violentos, incluido un ataque contra la residencia del gobernador de estado Táchira. (…) En Caracas, la capital, los estudiantes culminaron su protesta del día 12 de febrero, frente a las oficinas del Ministerio Público, donde iban a presentar una petición pidiendo la liberación de los estudiantes detenidos en Táchira (…) En el contexto de esta protesta en la capital perdieron la vida tres personas tras recibir impactos de bala.”

Según Amnistía, la renuncia del presidente constitucional Nicolás Maduro es una reivindicación de las protestas que surge más tarde. En concreto, ¡50 días más tarde!

“Hasta el cierre de la edición de este informe, [continúan las] manifestaciones, y bloqueos de vías por parte de ciudadanos críticos al gobierno que piden ahora la renuncia del Presidente Nicolás Maduro…”.

Aparte de una cronología parcializada, el informe se atreve a abundar en las raíces socioeconómicas del conflicto:

“Si bien en la última década el Estado ha tomado medidas (…) que han beneficiado a los sectores más desfavorecidos; la actual situación económica, con un índice de inflación de más del 50 por ciento y la escasez de productos y servicios básicos, ha puesto en cuestionamiento estos avances.”

El desabastecimiento, la inflación y las tasas de criminalidad están generando un profundo malestar en amplios sectores de la población. Podrían incluso favorecer una caída anticipada del gobierno de Nicolás Maduro, en caso de que la oposición convoque un referéndum revocatorio. Sin embargo, resulta llamativo que estas protestas surjan justo cuando el gobierno está afrontando con políticas directas estos problemas. Tampoco ayuda al argumento de Amnistía que las protestas estén siendo protagonizadas por las clases medias acomodadas, y no por los sectores más desfavorecidos, que mantienen en mayor medida su apoyo al gobierno. Sin embargo, Amnistía no duda en calificar lo sucesido como una “oleada de descontento social”.

En la búsqueda de causas, el informe ignora los procesos de pacificación, control de armamento y reforma policial –políticas imprescindibles para reducir la violencia estructural, desdeñadas por la oposición durante años.

“Amnistía Internacional considera que la grave situación (…) podría haberse evitado si el gobierno hubiese (…) fortalecido las instituciones que sustentan el estado de derecho; y combatido los altos índices de criminalidad, así como la proliferación de armas y municiones en manos de la población”.

Eso sí, la proliferación de armas parece ser responsabilidad de las autoridades.

“Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a las autoridades venezolanas a (…) controlar la circulación e impacto de las armas y municiones, que se utilizan en el país. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene el monopolio de la importación, fabricación, distribución, venta de armas y balas. Además es la única autoridad de control a las mismas.”

Olvida Amnistía que las autoridades cuentan con esta capacidad efectiva para controlar la circulación de armas legalizadas desde la aprobación en 2013 de la Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones. En un país con más de 9 millones de armas ilegales en manos de civiles y con una extensa tradición de porte ¿Acaso tiene Amnistía certeza de que los homicidios durante las protestas se han cometido con armas legales y con munición adquirida después de 2013?

Total que, después de divagar un rato, el informe identifica al máximo responsable de los sucesos: la polarización.

“37 personas han perdido la vida y más de 550 han resultado heridas (…) Este es el saldo más reciente de la creciente polarización que ha divididola sociedad venezolana en la última década

“Una creciente polarización política y social (…) ha dejado en descubierto la falta de una atención a la protección de los derechos humanos de todas las personas”

Nos abstendremos de prolijos comentarios sobre este temible enemigo. Solo señalaremos que multitud de países viven y han vivido procesos de polarización política que no se han expresado de esta manera. Solo la articulación consciente traduce el legítimo antagonismo entre fuerzas políticas en una confrontación violenta.

 

b) Sobre los grupos políticos que promueven y protagonizan la violencia.

Como ya advertimos, para Amnistía los sectores de oposición son irrelevantes en la organización de las revueltas. Así lo constatamos en el relato del 12F, que no se vincula ni a Leopoldo López ni a su –nuevamente frustrada- “operación Salida”:

“Estudiantes, a los que se unieron partidos de la oposición, se manifestaron en varios estados del país, exigiendo la liberación de los estudiantes detenidos y reclamando por la inseguridad, la crisis económica y la escasez de productos básicos”

Olviden a la oposición. Para Amnistía, en Venezuela solo hay dos grupos antagónicos relevantes: por un lado, los manifestantes que “bloquean vías”; y por el otro, los “grupos armados pro gobierno” que reprimen despiadadamente a los primeros.

Llama la atención esta fijación. En sus primeras páginas, el informe menciona a estos “grupos armados pro gobierno” hasta en 9 ocasiones. Aparecen en casi todos los sucesos violentos descritos. Algo sorprendente teniendo en cuenta que a estos grupos se les imputa una parte importante, pero minoritaria de los de desenlaces fatales –hasta donde sabemos 5 de los 39 fallecimientos. ¿Cómo es posible que aparezcan mencionados con tanta reiteración.

En cambio, los grupos opositores están compuestos por “manifestantes” que “cortan vías” y donde solo “algunas personas” aisladas emplean armas de fuego para matar a otras personas. ¿Por qué los grupos “pro gobierno” son descritos como “grupos armados”? ¿Acaso todos los grupos “pro gobierno” van armados? Y ¿por qué los opositores son siempre “manifestantes” aunque también haya personas armadas? Todo un misterio.

“la violencia durante febrero y marzo, tanto por parte de grupos armados pro gobierno, como por algunos manifestantes, muestran como todavía queda mucho por hacer”

Lo correcto y ético sería incidir en la necesidad de desarmar a todos los civiles de cualquiera de los bandos antagonistas. Lo correcto y ético sería exigir que todos los actores políticos se expresen en las calles, libres de armas, sin actos de violencia ni coacciones. En cambio Amnistía prefiere sumarse a la campaña –con muchos años de trayectoria- que trata de propagar la especie de que el chavismo basa su poder en la amenaza de grupos armados que impiden a la oposición desarrollar sus actividades con normalidad. Algo notoriamente falso. Al otorgarles un protagonismo que no tienen, se transmite la idea de que el país entero estaría subyugado por estos grupos, algo que roza lo risible, teniendo en cuenta son un fenómeno con presencia en apenas unos pocos enclaves.

Se llega a afirmar, sin ningún tipo de sustento, que:

“En la última década, estos grupos armados pro gobierno han profundizado la deteriorada situación de violencia política en el país”

O que, de las más de 9 millones de armas ilegales que circulan en el país, “muchas de ellas” estarían, por lo visto, en manos de estos “grupos pro gobierno”:

“El alto número de armas ilegales que circulan en el país, muchas de ellas en manos de grupos armados pro gobierno, continuará cobrando vidas.”

Por si no nos quedaba claro, el informe insiste:

“Asimismo, el inexcusable costo de vidas humanas de las últimas semanas hacen aún más urgente el que las autoridades tomen acciones para desarmar a los grupos armados pro gobierno.”

En fin, un dislate que sería anecdótico si no se produjera en un contexto donde cada vez más opositores coquetean con la idea de una guerra civil, y en donde el chavismo –mayoritario en el país- es descrito como una horda armada que, por tanto, resultará necesario eliminar.

En definitiva, hay uso del lenguaje extraño y sesgado. Por ejemplo, no se emplea en ningún momento la expresión “chavista”. Tampoco aparece la palabra “guarimba”; y “revolución bolivariana” solo aparece en una nota al pie y entrecomillada en tono sarcástico. Los guarimberos, son casi siempre “manifestantes”. Los chavistas, en muy contadas ocasiones son descritos como “manifestantes”. De hecho, incluso cuando los chavistas se manifiestan a favor del gobierno, en realidad, no se manifiestan, sino que “protestan”:

protestas en distintas partes del país a favor y en contra del gobierno

“Se mantienen además las protestas en apoyo al gobierno, así como las acciones de grupos armados pro gobierno”

O bien son descritos como “adeptos”:

“al menos 37 personas muertas, incluidos manifestantes contrarios y adeptos al gobierno

“El mismo día en horas de la noche en enfrentamientos entre opositores y adeptos al gobierno

 

c) Sobre los actos de violencia propiamente dichos.

En general, el informe presenta una selección de víctimas de la violencia desequilibrada. Se desplaza a la mayoría de víctimas del fenómeno guarimbero, para poner el acento en los casos que sustentan las tesis del “terror rojo”. Se emplea un lenguaje sesgado y una ambigüedad calculada que confunden al lector, evitando hacer un balance del total de víctimas mortales: de cuántas han sido provocadas por la violencia guarimbera y cuántas por las fuerzas policiales y lo que denomina “grupos armados pro gobierno”.

A los guarimberos, en general, se los oculta, presentándolos como “personas no identificadas”; incluso se aprovecha para vincularlos a los “grupos armados pro gobierno” aunque los hechos no tengan relación entre sí.

“El 28 de febrero, en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, falleció el Guardia Nacional Giovanny José Pantoja Hernández, y resultó herido otro funcionario, (…) Según informes, personas no identificadas habrían disparado contra los efectivos de la Guardia Nacional.”

“Al menos otras seis personas, incluidos manifestantes contra y pro gobierno, así como otro oficial de la Guardia Nacional, habrían muerto durante protestas al recibir impactos de bala de personas no identificadas o por integrantes de grupos armados pro gobierno

En cambio, cuando la persona fallecida es opositora, aun cuando todavía no están resueltas las averiguaciones judiciales, se establecen vínculos causa->efecto. Los “grupos armados pro gobierno” son los responsables del desenlace fatal:

“Génesis Carmona (…) habría recibido un disparo en la cabeza el 18 de febrero en Valencia, estado Carabobo, cuando un grupo armado pro gobierno que viajaba en moto presuntamente comenzó a disparar contra los manifestantes. Génesis Carmona murió un día después.”

En cambio, cuando se trata de policias o de chavistas asesinados, la ambigüedad calculada llega al extremo. Al final no queda claro si son los mismos “grupos armados pro gobierno” los que asesinan también a los miembros de la guardia nacional bolivariana, funcionarios del gobierno al que supuestamente defienden:

“el informe recoge reportes de fuentes públicas sobre casos de personas, incluidos dos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, que habrían perdido la vida presuntamente como resultado de la violencia y el uso de armas de fuego, tanto por parte de grupos armados pro gobierno, como por parte de algunos manifestantes, durante las protestas y en el bloqueo de vías públicas.”

Se llega a la paradoja de plantear el asesinato de un funcionario como parte del “fracaso” de estos guardias nacionales a la hora de proteger sus propias vidas.

“Al menos otras seis personas, así como otro oficial de la Guardia Nacional, habrían muerto durante protestas al recibir impactos de bala sin que las fuerzas del orden actuaran para prevenirlo o contenerlo.”

La autoría en estos casos es un misterio. ¿Quién dispara a los funcionarios? Nadie. Los guardias “resultan heridos” o “reciben impactos de bala”. ¿Quién asesina a los chavistas? Tampoco lo sabemos. El caso es que aparezca la expresión “grupo armado pro gobierno” en toda ocasión, incluso cuando se trata del homicidio de uno de sus presuntos miembros –en el ejemplo siguiente, se trata el asesinato de un integrante de una cooperativa de mototaxistas que retiraba una barricada:

“Otro funcionario también habría resultado herido de bala en ambas piernas. El 6 de marzo, en otro incidente en el municipio de Sucre, estado de Miranda, falleció tras recibir impactos de bala otro Guardia Nacional, Acner Isaac López, y un mototaxista, José Gregorio Amaris, cuando, según informes, un grupo armado pro gobierno que viajaban en motocicleta intentó retirar un bloqueo de carretera por manifestantes de la oposición.”

El relato disponible del fallecimiento del mototaxista José Gregorio Amaris no menciona en ningún momento a ningún “grupo armado pro gobierno”[7], sino a motorizados miembros de una cooperativa de mototaxistas que, cansados del bloqueo de las vías comenzaron a levantar una barricada cuando desde los edificios adyacentes comenzaron a recibir disparos. ¿Son estos los grupos armados pro gobierno que identifica Amnistía?

A los que mueren mientras retiran una barricada los mata una “mano invisible”. En cambio, si se trata de opositores fallecidos sí que se expone un mecanismo causa->efecto que atribuye el homicidio indefectiblemente a los “grupos armados pro gobierno”, sin importar que la investigación judicial todavía esté en curso. El siguiente párrafo relata los asesinatos de Giselle Rubilar Figueroa (chavista) y de Daniel Tinoco (opositor). Observen el cambio de perspectiva:

“Solo tres días después, la noche del 9 de marzo, murió Giselle Rubilar Figueroa por disparos cuando estaba retirando los escombros de una barricada cercana a su hogar en Mérida, Un día después, el estudiante Daniel Tinoco recibió un disparo mortal (…) cuando grupos armados pro gobierno que viajaban en motocicletas les atacaron.”

Esta es la principal tesis defendida por Amnistía en su informe: que la guarimba no mata. En la siguiente frase, vagamente construida, una cuarta parte de los fallecidos son desdeñados y clasificados como meros “accidentados”, cuando en realidad se están contabilizando también casos de homicidio:

“Entre el 5 de febrero y el 12 de marzo, según informes, al menos nueve personas, incluido un funcionario de la Guardia Nacional, habrían fallecido en accidentes al intentar pasar las barricadas o intentando retirarlas.”

La guarimba es no-culpable. Amnistía está convencida. Tanto que incluso la colocación de “guayas” es irrelevante. Las guayas son alambres de metal tensados y atravesados en las vías a unos 120 centímetros del suelo. Debido a su dureza y a que son difíciles de ver, son la trampa idónea para de herir o matar a personas que circulen en motocicletas. ¿Quién tiene la culpa de una muerte en una guaya? ¿Los guarimberos que la colocaron? No, según Amnistía, la culpa es de la víctima, por no ver la guaya:

“El 21 de febrero, falleció Elvis Rafael Durán de la Rosa en el municipio de Sucre, estado Miranda cuando se desplazaba a bordo de su motocicleta y al intentar pasar una barricada colocada por opositores fue sorprendido por un alambre metálico tensado que no pudo ver a tiempo.”

No sé cuál es la sorpresa que ve Amnistía en que un motorista en circulación no sea capaz de esquivar un fino cable de acero atravesado. Sorpresa –y muy desagradable- es la que se lleva el lector cuando descubre este párrafo infame.

Aquí hacemos un alto. Pues en el marco de estas detenciones se documentan una serie de denuncias graves que sin duda merecen toda nuestra atención, consideración y respeto. Para todas ellas pedimos justicia.

“Entre el 12 de febrero y el 12 de marzo, Amnistía Internacional recibió denuncias de violaciones a los derechos humanos. Entre ellas se incluyen: casos de uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), otras fuerzas del orden y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), así como casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra manifestantes detenidos, tanto en el momento de la detención, como cuando se encontraban bajo custodia de las fuerzas de seguridad”

No sabemos el número total de denuncias que habrá recibido Amnistía. Lo que sí sabemos es que el informe hace públicos 6 casos de brutalidad en las detenciones, torturas y otros tratos crueles y degradantes, dos de ellos con resultados fatales. Posiblemente el número real de estos casos sea significativamente mayor a 6. La protección del anonimato de los denunciantes, lógicamente, impide ofrecer el detalle exacto de otros casos. Sin embargo, llama la atención lo inespecífico de la información de Amnistía al respecto. ¿Cuántas denuncias recibió del 12 de febrero al 12 de marzo? ¿Diez, veinte, cincuenta o cien? Lamentablemente, el informe prefiere dejarlo en el aire.

Estamos seguros de que han sido más de 6 las personas que han sufrido malos tratos o torturas. También estamos seguros de que las 2.100 personas detenidas hasta la fecha no habrán pasado por las mismas vivencias y circunstancias. Toda detención, aunque sea por breve plazo, es una experiencia traumática, sobretodo si tiene lugar en un contexto de violencia. Pero ¿cuántos casos de este tipo se han dado? Más adelante encontramos una mayor concreción.

“Amnistía Internacional ha recibido decenas de denuncias de torturas y otros tratos crueles inhumanos y degradantes por parte de oficiales de las fuerzas del orden contra detenidos, tanto en el momento de la detención, como durante el traslado y en el centro de detención”

En cualquier caso, tras leer el informe, solo podremos afirmar que el número de denuncias es mayor de 20 y menor de 2.100. Sin duda, una falta de precisión poco aceptable.

Entre las denuncias encontramos prácticas muy graves, como el abuso sexual, que lamentablemente tampoco podemos precisar si es una práctica sistemática o si se trata de un caso puntual. Por lo que sabemos, a medios de comunicación ha transcendido una denuncia de abuso sexual, una denuncia por amenaza de traslado a una prisión donde la persona detenida sería violada por los otros presos, así como una denuncia de una persona retenida en el suelo que fue golpeada brutalmente con un casco. Coinciden estos perfiles con los denunciados por Amnistía, solo que en el informe se mencionan en plural, con lo que se da a entender –y esperamos que no sea otra ligereza de Amnistía a la hora de presentar las denuncias- que han sido varias las personas afectadas por cada una de estas circunstancias.

“Entre las denuncias recibidas, se incluyen casos de palizas por parte de funcionarios de la fuerzas del orden, con puños, patadas y con objetos contundentes, como cascos, incluso cuando la persona se encontraba restringida en el suelo en el momento de la detención. Asimismo, se han recibido denuncias de detenidos a los que se habría obligado a permanecer de rodillas o en pie durante largas horas en los centros de detención, abusos sexuales o amenazas de violación contra jóvenes detenidos. Entre las denuncias recibidas se incluyen además casos de amenazas de muerte, incluido un caso en el que se habría rociado de gasolina a un joven.”

También descubrimos alguna denuncia pertinente adicional, de la que se deberían derivar consecuencias judiciales para los agentes o mandos implicados.

“Las fuerzas del orden habrían hecho uso de gases lacrimógenos de forma excesiva e indiscriminada, en ocasiones dirigiéndolos directamente contra el cuerpo de los manifestantes, así como uso de gases lacrimógenos en espacios cerrados y en zonas residenciales.”

 

d) Sobre las acciones de los poderes públicos frente a la violencia.

El informe plantea dos líneas argumentales en este punto: por un lado, que el gobierno reacciona mediante la mera adopción de estrategias represivas; por el otro, que Amnistía estaría recomendando una serie de medidas para frenar la crisis que, presuntamente, no se estarían adoptando. Ambos extremos son de escasa veracidad.

Así por ejemplo, al lector no avezado le puede resultar totalmente desproporcionado el número de detenidos. Si las protestas han consistido en manifestaciones y cortes de vías, ¿Cómo es posible que se haya detenido a más de 2.000 personas?

“Según el Ministerio Público, hasta el 12 de marzo, más de 2.100 personas fueron detenidas, de las cuales 168 continúan detenidas. La mayoría de las personas detenidas habrían sido liberadas, pero con procesos judiciales pendientes, mientras otras 66 personas fueron liberadas incondicionalmente.”

Más adelante entendemos que algo de violencia sí que puede haber detrás de la mayoría de estas detenciones. Eso sí, hay que saber leer entre líneas:

Decenas de éstas habrían sido detenidas sin orden de aprehensión y sin encontrarse cometiendo ningún delito (en flagrancia).”

Si de un total de 2.100 detenidos tenemos a unas decenas de personas que no estaban cometiendo ningún delito en flagrancia ¿Cuántas sí los estaban cometiendo? Obviamente, si han tenido lugar detenciones arbitrarias, se debe sancionar a los conductores de las mismas. Pero ¿no es un saldo llamativo el que haya habido más de 2.000 detenidos? Sí, siempre que entendamos que tras estas detenciones tenemos centenares de focos de guarimba violenta. Y por otro lado, ¿no es también reseñable que a la inmensa mayoría se le impusieran en el acto medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva?

En lo que respecta a la conducta del gobierno detectamos en el informe otras referencias de gravedad. Por ejemplo, en su afán por proteger la imagen de las barricadas violentas, se llega a tergiversar al Presidente Maduro cuando el 5 de marzo solicita a sus partidarios que levanten las guarimbas. Para Amnistía, esta referencia es una amenaza tanto hacia la guarimba como hacia la protesta pacífica.

“De gran preocupación han sido las palabras del Presidente Nicolás Maduro (…) instando a la población que apoya la gestión de su gobierno a salir a las calles y parar las protestas y barricadas.”

Desde luego que Nicolás Maduro jamás pedido a que se salga a la calle a parar la protesta pacífica en su contra. Antes al contrario, ha invitado a los que le adversan a manifestarse todos los días si lo consideran necesario[8]. Eso sí, sin armas ni violencia.

Para Amnistía las acciones del gobierno para pacificar el país no pasan de las buenas palabras. Despacha las iniciativas de los poderes públicos de la siguiente manera:

“[los] compromisos no han sido llevados a la práctica. Desde el Ministerio Público, la Fiscal General de la Nación indicó, el 28 de febrero, que no se tolerarían violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden. El Gobierno además ha hecho un llamado al diálogo y ha convocado a una Conferencia de Paz que se inició el día 26 de febrero, pero no cuenta con la participación de todos los sectores de la oposición.”

Ninguna referencia aquí al resultado de estas iniciativas: las detenciones de agentes y los acuerdos y diálogos con sectores adversos se desvanecen en este párrafo.

Sin embargo, más adelante evita incurrir en un embuste descarado. El informe reconoce que, según la versión del gobierno, algo se está haciendo para castigar las violaciones de derechos humanos acontecidas:

“Amnistía Internacional acogió con beneplácito que, de acuerdo a la información facilitada por la Fiscal General de la Nación el día 14de marzo, el Ministerio Público estaba investigando 42 denuncias por violaciones a los derechos humanos, y se había abierto además una línea telefónica gratuita para recibir denuncias específicamente ocurridas durante esta crisis. La Fiscal General informó además que 15 funcionarios de diferentes cuerpos de seguridad se encontraban privados de libertad por estar presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos.”

“Tras los sucesos del 12 de febrero, tanto el Presidente Nicolás Maduro, como líderes de la oposición, hicieron un llamado de rechazo a la violencia. Asimismo, el Presidente Nicolás Maduro rechazó la acción de grupos armados pro gobierno que habrían ejercido violencia contra los manifestantes, e indicó que tomaría acciones para garantizar que sean llevados ante la justicia y sean desarmados.”

 

3) Lo que subyace:

En este punto pretendía comentar elementos del contexto en el que surge el informe. El principal, la agudización de la batalla para conquistar a la opinión pública. En Venezuela esta batalla está articulando a un sector derechista como factor violento y guerra-civilista. En cambio, el saldo de cara a una hipotética confrontación electoral, de momento, resulta negativo para el “frente guarimbero”. Según las últimas encuestas, más del 55% de los venezolanos votaría hoy por Nicolás Maduro. Más del 85% rechaza las guarimbas.

La batalla por la opinión pública latinoamericana también huele del fracaso. En cambio en Europa y los USA han logrado introducir el tema Venezuela-uprising en la agenda con mucha fuerza y las peores intenciones. El papel de Amnistía y del infome encaja perfectamente en un esquema de reforzamiento de posiciones de cara a preparar a la opinión pública internacional para lo que sea.

Sin embargo, lo voy a dejar aquí. Como se ha podido constatar, el informe se nos ha atragantado y este análisis ocupa ya demasiadas páginas. Simplemente añadir un par de comentarios finales.

Al final uno se termina preguntando ¿Aporta algo el informe? ¿Resulta útil? ¿Ofrece información aprovechable para la defensa de los derechos humanos? ¿O se limita a recoger testimonios sobre hechos ya conocidos? Aquí nuestra respuesta es parcialmente positiva. El informe en sí era necesario. Las denuncias oportunas que contiene, merecen siempre la pena, aunque sean presantadas de manera tan penosa y lamentable.

En cambio, el relato –la pluma empleada-, así como los implícitos que se asumen, resultan claramente agraviantes. Amnistía hubiera ganado mi más profunda estima y gratitud si le hubiese encargado su redacción a alguien que cumpliese con dos requisitos básicos:

a)     Escribir sin faltar a la ortografía y exhibiendo una habilidad mínima en la construcción sintáctica de párrafos que no oscurezca los hechos relatados.

b)    No expresar de manera evidente sus preferencias políticas. Específicamente, necesitarían a alguien que no comprase todos y cada uno de los puntos del argumentario mediático de la oposición venezolana.

Sin embargo, dudo mucho que esto vaya a suceder. No voy a abundar demasiado en las razones de mi pesimismo. Desde luego no creo que Amnistía haga este tipo de informes para congraciarse con los gustos de una opinión pública mediatizada. Tampoco creo que lo haga para captar nuevos socios –y más fondos- procedentes de las derechas venezolana y europea.

Dejo aquí mi última anotación. Un pequeño detalle. La fuente que emplea Amnistía en su evaluación de la amenaza que suponen los “grupos armados pro gobierno” es el International Crisis Group (véase la nota al pie número 3 del informe). El ICG es una entidad patrocinada por la Fundación Ford, la Fundación Carnegie, el grupo Rockefeller y The Soros Open Society Institute. Reune en su equipo directivo a ex secretarios de estado y de defensa de los USA, así como a promotores de las revoluciones de colores como George Soros o la esposa Peter Ackerman[9].

El International Crisis Group mantiene vínculos muy estrechos con Amnistía Internacional, como constatamos en del especialista en conflictos armados Jacob Mundy, que ha ocupado puestos de alta responsabilidad en ambas.

En fin. ¡Buena suerte para la próxima!

[1] https://www.es.amnesty.org/uploads/media/Informe_Venezuela._Los_derechos_humanos_en_riesgo_en_medio_de_protestas.pdf

[2] http://www.csmonitor.com/World/Global-News/2014/0213/Venezuelan-student-protesters-tweet-LaSalida-to-call-for-president-s-exit-video

[3] Esta es una obsesión de la estrategia comunicacional que apoya las revueltas: ocultar su carácter sectorializado y hacerlas pasar por revueltas populares y generalizadas. El caso más grotesco en esta línea lo protagonizó CNN en español: que llega hacer el perfil biográfico de un “chamo de Petare” participante en las protestas, Yelker Guerra –estudiante, ni chavista ni opositor, según CNN-, que finalmente resultó ser coordinador nacional de finanzas del partido derechista Primero Justicia http://albaciudad.org/wp/index.php/2014/03/yeiker-guerra-el-chamo-de-petare-una-nueva-fabula-de-cnn/

[4] A medida que ha ido decayendo la guarimba han comenzado a producirse otro tipo de ataques, como el envenenamiento de embalses de agua, la provocación de incendios forestales o la aparición de unidades paramilitares de origen colombiano –todas estas acciones encuadrables bajo la etiqueta de terrorismo.

[5] http://www.terra.com.ve/actualidad/articulo/html/act1973398-entre-9-y-15-millones-de-armas-ilegales-circulan-en-venezuela-segun-diputado.htm

[6] http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo176076-hasta-20-de-crimenes-violentos-venezuela-los-comete-policia

[7] http://www.avn.info.ve/contenido/jos%C3%A9-gregorio-amaris-fue-asesinado-mientras-levantaba-barricada-ruices

[8] Veáse: https://www.youtube.com/watch?v=VR92UlnBAu8 (minuto 59:30)

[9] http://www.sourcewatch.org/index.php?title=International_Crisis_Group